El Perú se desangra

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Escribe: Raúl Diez Canseco Terry *

Al menos 300 mil dosis de vacunas pediátricas han tenido que ser desechadas porque han vencido sin que puedan ser aplicadas a niños de 5 a 11 años en todo el país. La Defensoría del Pueblo había advertido en marzo que este problema pasaría, pero, lamentablemente, el Gobierno, hundido en la más absoluta incapacidad, distraído en realizar sesiones de consejos de ministros descentralizadas que más son asambleas populistas que sesiones de trabajo, no ha podido encarar esta gravísima situación.

Es una negligencia de lesa humanidad que merecería una investigación y sanción severa, y que al mismo tiempo revela un problema profundo en la actual crisis política: asistimos a un desmontaje sistemático del Estado peruano. La inoperancia y disfuncionalidad que se aprecia en todos los sectores del Gobierno no es producto solo de la ignorancia. Es un plan premeditado que busca quebrar la precaria institucionalidad del país.

Organismos reguladores que cumplen una función importante en defensa de los usuarios y consumidores en el esquema público–privado como Sunass, Osiptel u Ositran están descabezados. Los micro empresarios de Gamarra señalan que en nueve meses de gobierno no hay una sola línea de crédito. Por otro lado, en un solo día, cuarenta militantes de Perú Libre son nombrados subprefectos en diversas regiones del país. Esto no llamaría la atención, sino fuera porque en muchos casos estas autoridades en lugar de defender el sistema democrático y sus instituciones, lo socaban. El Estado es un botín.

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Los conflictos sociales han aumentado en 7% en lo que va de este Gobierno, según la Defensoría del Pueblo. La minería es la principal afectada. El Estado, en lugar de actuar no solo como ente mediador, sino, principalmente, como autoridad, se pone de costado. A este paso serán los propios trabajadores mineros los que buscarán solucionar la situación de parálisis en que los deja el Estado. ¿Se está buscando acaso una escalada de confrontación en los conflictos sociales?

Detrás de esta malsana visión surge el pedido de cierre del Congreso y nueva Asamblea Constituyente. Una encuesta del IEP en julio de 2021, al inicio del Gobierno, señalaba que apenas el 23% estaba de acuerdo con cambiar a una nueva Constitución. Mientras que la más reciente encuesta de IPSOS, abril de 2022, señala con claridad que apenas un 7% considera hoy que la principal tarea del Gobierno debe ser impulsar una Asamblea Constituyente. Por el contrario, la gente lo que pide mayoritariamente es luchar contra la delincuencia e inseguridad ciudadana, luchar contra la corrupción y generación de empleo y reactivación económica.

¿Será que el Gobierno busca desmantelar el Estado para volverlo incapaz de atender las demandas ciudadanas y al mismo tiempo agudizar cada vez más la insatisfacción de la población y profundizar los conflictos sociales para, en un escenario de caos y violencia, vender la idea de que el cambio de la Constitución es la solución a todos nuestros problemas?

La realidad no se cambia por decreto. Estamos advertidos: están destruyendo el país. Están minando su estructura y dinamitándola por dentro. El Perú se desangra lentamente. Es una destrucción planificada. La erosión de la institucionalidad y la gobernanza, mientras más avance, más difícil será de erradicar. Desgobierno no, destrucción del Estado tampoco.

* Ex primer vicepresidente del Perú. Ex secretario general nacional de Acción Popular.

Artículo publicado en el Diario Expreso, sección Opinión, martes 3 de mayo de 2022

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