Por Raúl Diez Canseco
Lo que los partidos políticos no han podido organizar hasta ahora —una salida constitucional ordenada— está a punto de lograrlo la crisis económica y las malas decisiones sobre cómo enfrentar la disparada de precios que amenaza con despertar el fantasma de la inflación y aguijonear aún más el estómago de los más pobres.
Después de las contundentes manifestaciones en diversas regiones, que cerraron las carreteras y paralizaron el país, el Gobierno respondió abdicando de su rol regulador y sancionador, aministiando papeletas y multas e introduciendo a los colectiveros en el proceso de reestructuración de la Sutran. El mundo al revés.
La crisis se ha profundizado en las últimas semanas tornándola sistémica. Al paro agrario y de transportes le siguió el desabastecimiento de pasaportes, el de controladores aéreos, la invasión de tierras en Las Bambas, solo para mencionar los más destacados de la semana. Vivimos al borde de la ingobernabilidad generada por la incapacidad para administrar la cosa pública.
El 76% rechaza la manera en que se conduce el Gobierno y 63% considera que el presidente Castillo no terminará su mandato. Las provincias y zonas rurales, que ayer lo apoyaban, hoy empiezan a cambiar de humor y a mostrar su desenfado. Las masas empiezan a desbordarse.
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Las consecuencias del mal manejo de la administración pública son nefastas. El país acaba de retroceder en competitividad minera. El Instituto Fraser anunció que el Perú ocupa el puesto 42 de 84 países, lo que significa un retroceso de ocho puntos en relación con el 2020, producto de la impredictibilidad en los impuestos y la incertidumbre regulatoria. Lo grave es que esto ocurre cuando el precio de los minerales se encuentra en uno de sus mejores momentos.
En el Congreso, finalmente, la presidenta ha dicho que no es verdad que los congresistas se sientan atornillados al puesto y que no existe problema alguno en convocar a elecciones generales. Es una decisión a la altura de la gravedad de la situación política que vivimos. Necesitamos paz social y un sólido equipo de gobierno que recupere la confianza. Sin ésta no habrá nuevas inversiones, ni nuevos empleos.
El Gobierno de Pedro Castillo lo que demuestra hasta ahora es su fracaso. En nueve meses ha quemado 4 gabinetes de gobierno (y nos vamos por el quinto), con más de 30 ministros reemplazados, 20 viceministros removidos por falta de idoneidad y 24 secretarios generales renunciados. La dura realidad es que hoy nos encontramos peor que el 28 de julio del año pasado. El problema y más fiero opositor de Pedro Castillo no son los partidos democráticos, es el propio Castillo. Él solo está llevando al país a un punto de no retorno. El Presidente se ha convertido en un peligro para el país. Y así no podemos seguir los próximos cuatro años.
El problema con la incapacidad para resolver los problemas y tomar decisiones en momentos críticos es que se le hace daño al propio sistema democrático. Las movilizaciones que empiezan a sentirse, además de calentar las calles, indican que todo tiene un límite. Y este, por los errores y la impericia del propio Gobierno, ha empezado a desbordarse. Lo que se viene es un auténtico desborde popular.