Se empieza a hablar en el ambiente político de la Economía Social de Mercado, un modelo ideado en Alemania en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pero que sigue vigente sobre todo en países como el nuestro, donde las brechas económicas y sociales se mantienen y en algunas regiones parecen ensancharse.
El artículo 58 de nuestra Constitución la señala explícitamente, aunque la verdad sea dicha en varios postulados de Fernando Belaunde —como el equilibrio hombre-tierra, la propia Cooperación Popular o la meta de hacer del Perú un país de propietarios— está la filosofía de este modelo económico que combina el libre mercado con la justicia social.
En términos generales, la Economía Social de Mercado busca equilibrar los intereses del mercado y los intereses sociales. Por un lado, reconoce la importancia de la competencia y la libre empresa como motores del crecimiento económico y la innovación. Al mismo tiempo, reconoce la importancia de proteger los derechos sociales, la justicia y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Es lo que tenemos cuando la iniciativa privada es responsable de manejo de los recursos naturales, comparte las utilidades con sus trabajadores y es respetuosa del medioambiente. Michael Porter la llamó “valor compartido”, en donde la generación de valor económico empresarial se relaciona y depende de la creación de valor para la sociedad. Todo lo opuesto al liberalismo salvaje.
Una de las características fundamentales de la Economía Social de Mercado es que el Estado juega un papel importante en la regulación de la economía, pero no se involucra directamente en la producción de bienes y servicios. No propone un Estado empresario, sino un Estado fuerte, que establezca el marco legal y regulador del mercado para garantizar la competencia justa y evitar la concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas.
Pero quizás la parte más inspiradora de la Economía Social de Mercado es que busca que la sociedad civil tenga un rol importante en la economía. Las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil pueden contribuir al bienestar social a través de iniciativas que fomenten la educación, la salud, el empleo y la inclusión social.
La protección de los derechos sociales es otro aporte que la Economía Social de Mercado tiene para países como el Perú. En este modelo económico, el Estado garantiza un sistema de seguridad social que protege a los ciudadanos de la pobreza y la exclusión social, lo que en nuestro caso implica repensar el sistema de pensiones que tenemos.
También se reconoce la importancia de la educación y la formación como medios para asegurar el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades. Y esto último es lo particularmente me incentiva a proponer un amplio debate y conocimiento de este modelo económico.
En resumen, la economía debe servir al bienestar general y no solo a unos cuantos. El Estado es quien garantiza que las reglas de juego sean justas, ordenadas y estables, dentro de la libre iniciativa y sana competencia, protegiendo el derecho de los trabajadores y del medioambiente. Bienvenido, pues, el debate en torno a la defensa de la Economía Social de Mercado.
Artículo de opinión de Raúl Diez Canseco para el diario Expreso – 7 de marzo de 2023