La violencia y el terror no pueden destruir el Perú

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Por Raúl Diez Canseco Terry

La violencia no construye, destruye. No hay forma de que el país siga atrapado en esta espiral de insania, desatada tras el frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, quien durante año y medio manejó el Gobierno soliviantando los ánimos, extremando posiciones, atacando, en lugar de unir a los peruanos.

Apedrear una ambulancia no es reclamar un mejor servicio de salud. Incendiar una comisaría no es exigir mejor seguridad ciudadana. Atacar aeropuertos, cerrar carreteras, atentar contra bienes públicos y privados, no es demandar atención a los urgentes reclamos que, en justicia, tienen las regiones.

Utilizar la violencia como mecanismo de reclamo es deslegitimar todo proceso de entendimiento. La violencia irracional es el fracaso de la política. Cada día que pasa en esta situación de conflictividad se generan más pérdidas en todo el país. Cuando se quema un edificio, como la casa Marcionelli, o se destruye el pavimento peatonal del reconstruido centro histórico de la capital, se atenta contra toda la nación.

Los daños económicos son cuantiosos y, en la mayoría de los casos, irreparables. Un primer resultado de la violencia extrema es el cierre del circuito turístico, minero y agroexportador en todo el sur del país. 1,600 millones de soles en pérdidas, se calcula. En el Cusco, el 85 % de los paquetes turísticos para este trimestre se han cancelado. Ello afecta el 60 % del empleo en esa región. Empleo de pequeños artesanos, operadores, restaurantes, taxistas, guías turísticos. Los primeros afectados son las personas que solo viven de su trabajo.

Arequipa, la segunda ciudad del país, quedó aislada por aire y tierra. Es verdad que al norte del puente Añashuayco, en el centro de la ciudad, el Estado está ausente y no hay adecuados servicios de salud, educación, infraestructura. Pero, incursionar al aeropuerto y destruirlo no ayuda a solucionar esos problemas.

Hoy, producto de esa violencia extrema, en Arequipa se siente el desabastecimiento de combustible y gas para mover la industria y las cocinas de los hogares. Madre de Dios está igual, desconectada del país. Se ha tenido que enviar insumos para potabilizar el agua vía un puente aéreo. Lo único que se logra con estas acciones de violencia sistemática es dañar la economía, afectar a los más pobres y generar mayor descontento y caos.

Ningún Estado puede tolerar el cierre de sus carreteras. La democracia es el gobierno de la tolerancia, pero de quienes son tolerantes con ella. Si la protesta se desvía por la violencia y el ataque, no hay diálogo que se pueda empezar; para eso existe la ley, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El diálogo nace entre partes que tienen diferencias, pero que no buscan aniquilarse una a otra. Y aquí todos tienen que hacer su trabajo. El Congreso, en primer lugar, debe asegurar la segunda votación para definir el adelanto de elecciones generales; y si se puede en este mismo año. El Gobierno debe manejar con inteligencia la respuesta a la violencia, como hemos visto hacerlo en estos días a la Policía Nacional.

Finalmente, los gobernadores regionales y los alcaldes recientemente elegidos deben asumir su tarea de ser canalizadores de las demandas sociales. Ellos no pueden estar al margen de las protestas y deben ayudar a separar el grano de la paja. Para las demandas legítimas, un plan concertado con el Gobierno; para los que solo saben responder con piedras y fuego, la ley.

Es urgente encontrar y generar espacios de diálogo. La violencia no puede destruir el Perú ni generar mayor desempleo y pobreza.

Publicado en Diario Expreso, sección Opinión, martes 24 de enero de 2023

Categorías: Columna de Opinión
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