La informalidad, la competencia desleal del contrabando, la subvaluación y el dumping, entre otros factores, generan altos costos que agreden la competitividad de nuestra industria. Cuando asumí el desafío de ser parte del gabinete que presidía el doctor Roberto Dañino y responsable del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y de Negociaciones Comerciales Internacionales (Mitinci) decidí desde el primer día, además de impulsar normas que favorezcan el desarrollo industrial del país, enfrentar de la manera más enérgica esas lacras.
Según datos confiables, en el 2000 el ingreso al mercado nacional de mercadería ilegal bordeó los US$ 700 millones, lo que originó una pérdida en la recaudación tributaria del orden de los US$ 200 millones. ¿Qué factores contribuían a todo esto? Las causas eran varias, y en algunos casos siempre eran las mismas pero con algunas variantes.
Todos o casi todos lo sabían. La falta de un adecuado control de Migraciones y Aduanas, que no contaban con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP); la existencia de un marco legal que, además de no atribuir a los órganos militares funciones de represión contra el comercio ilegal, incentivaba el contrabando “hormiga” que representaba por ese tiempo el 50% del comercio ilegal del país.
No tuve duda que había que abordar el problema. Entonces, el trabajo consistió en cohesionar todos los esfuerzos en una misma dirección y se hizo algo que rompió todo paradigma: nombrar como vicepresidente de la Comisión a un representante del sector empresarial.
El cargo recayó en Raúl Saldías Haettenschweiler, presidente del Comité de lucha ontra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien sería una especie de director de orquesta. Una persona comprometida ampliamente con el tema y conocedor de la idiosincrasia empresarial.
El trabajo fue siempre coordinado con él y, así, se fue cohesionando esfuerzos y articulando a las instituciones del Estado y a las privadas para que trabajasen juntas. A partir de allí se planificaron y ejecutaron acciones, como por ejemplo el operativo combinando de Aduanas, SUNAT y la Policía Nacional en el Jr. Ancash.
Se cerraron allí varias cuadras y se trabajó en forma conjunta y coordinada, y eso nunca antes se había dado. La gente de SUNAT, de tributos internos iba a ver los temas propiamente dichos de evasión fiscal, la gente de Aduanas buscaba el contrabando, la de la Policía Nacional hacia los allanamientos y daba la seguridad a la intervención, mientras el Ministerio Público hacía lo suyo.
Por entonces nos dimos cuenta que el problema era no sólo la falta de articulación de las instituciones de lucha contra el contrabando, sino también que faltaba un plan estratégico que involucrara las acciones de las instituciones en la lucha contra este tipo de delitos.
El plan estratégico lo hicimos con un mandato de cinco años y para que funcionara se le otorgó una ley de resguardo.
Así, estando encargado del Despacho presidencial, el 8 de mayo de 2002 convocamos a Palacio de Gobierno a congresistas, embajadores, empresarios y funcionarios a fin de que se les informase acerca del llamado Plan Estratégico Nacional 2002- 2006, cuya influencia hasta ahora está vigente.
El contrabando se concentra básicamente en la frontera con Bolivia. De los 1.400 millones de dólares que entran anualmente al Perú el 80% ingresa por las fronteras de Puno con Bolivia y de Chile con Tacna.
Como alguna vez fue una cruzada contra el terrorismo, ahora hay que hacer lo mismo contra el comercio ilícito en general. Es decir contra el narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, propiedad intelectual y todo ello. Lo que mina la moral del país es el crecimiento de la corrupción.
Si el contrabando desapareciera habláramos de tener más de 100 mil puestos de trabajo formales nuevos, trabajos plenos y a tiempo completo; la recaudación del fisco solamente por el tema del contrabando se incrementaría en 500 millones de dólares; en el tema de delito de propiedad intelectual o “piratería” se incrementaría en más de 100 millones de dólares; al no haber lavado de dinero las empresas serían más rentables porque tendrían instrumentos para competir mejor.
Entonces, es rentable la lucha contra el contrabando. Este es un problema en cuya solución hay que insistir.
Tomado de Gestión de Estado. Raúl Diez Canseco Terry, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, 2010.